El panel abordó la innovación
tecnológica en los tribunales, la protección de los derechos fundamentales
frente al avance de la IA y los desafíos de la digitalización y la firma
electrónica en la gestión pública.
Santo Domingo. – El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
(IGLOBAL) celebró el panel “Inteligencia Artificial, Justicia y Administración
Pública en la Era Digital”, un espacio académico dedicado al análisis de las
transformaciones que las nuevas tecnologías están generando en el sistema de
justicia, la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de la
administración pública. El evento contó con la presencia de la rectora de esta
alta casa de estudios, Josefina Pimentel, así como de académicos, estudiantes y
público interesado.
La actividad, realizada el jueves
9 de julio en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo
(Funglode), reunió a profesionales, estudiantes y especialistas interesados en
los desafíos jurídicos e institucionales derivados de la acelerada incorporación
de la inteligencia artificial y las herramientas digitales en los servicios
públicos.
El panel contó con la
participación de Emely C. Veras, quien abordó la innovación tecnológica
aplicada a la Cámara Civil y Comercial; Nathalie M. Fernández, con una
exposición centrada en la inteligencia artificial y la tutela de los derechos
fundamentales; y Paola Báez, quien analizó los avances y desafíos relacionados
con la digitalización y la firma electrónica en la administración pública. La
moderación estuvo a cargo de Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan
Bosch (BJB), quien condujo el diálogo entre las panelistas y el público
asistente.
Durante su intervención, Emely C. Veras destacó la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas para modernizar los procesos judiciales, agilizar la gestión de los expedientes y mejorar la eficiencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. En ese sentido, planteó que la innovación debe contribuir a construir una justicia más accesible, eficiente y capaz de responder a las nuevas demandas de la sociedad.
Por su parte, Nathalie M.
Fernández centró su exposición en los desafíos que plantea el desarrollo de la
inteligencia artificial para la protección efectiva de los derechos
fundamentales. Advirtió sobre la necesidad de garantizar que la utilización de
sistemas automatizados se produzca bajo criterios de transparencia,
responsabilidad y respeto a la dignidad humana, preservando las garantías
jurídicas frente al avance de las nuevas tecnologías.
A su vez, Paola Báez abordó el
proceso de transformación digital de la administración pública y la importancia
de la firma electrónica como instrumento para agilizar procedimientos,
fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la prestación de los servicios
estatales. Asimismo, resaltó la necesidad de continuar desarrollando
capacidades institucionales y marcos regulatorios adecuados que permitan
avanzar hacia una gestión pública más eficiente y cercana al ciudadano.
Las expositoras coincidieron en que la transformación tecnológica representa una oportunidad para fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de los servicios públicos, pero también exige respuestas jurídicas, regulatorias y éticas capaces de garantizar la protección de los derechos ciudadanos, la transparencia de los sistemas digitales y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial.
El encuentro permitió
reflexionar, además, sobre la necesidad de fortalecer la formación de los
profesionales del derecho y de los servidores públicos frente a un escenario
caracterizado por la automatización de procesos, la utilización creciente de
datos y algoritmos, así como por la incorporación de nuevas herramientas
tecnológicas en la toma de decisiones institucionales.
Con este encuentro académico,
IGLOBAL reafirma su compromiso con la generación de espacios de análisis y
debate sobre los grandes desafíos de la transformación digital, promoviendo una
visión en la que la innovación tecnológica contribuya al fortalecimiento de la
justicia y la administración pública, sin perder de vista un principio
esencial: el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar siempre
acompañado de instituciones sólidas, garantías jurídicas y una efectiva
protección de los derechos fundamentales.