El expresidente plantea que todavía se está a tiempo de revisar la iniciativa y llama a ampliar su discusión más allá del Congreso Nacional.
Santo Domingo.– El expresidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Leonel Fernández, planteó la necesidad de abrir a toda la sociedad la discusión sobre el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional y consideró que todavía se está a tiempo de revisar y corregir aspectos de la iniciativa señalados por especialistas durante un conversatorio organizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE).
Al concluir el encuentro, Fernández recordó que la reforma al Código Penal permaneció en discusión durante cerca de 30 años sin que gran parte de la sociedad prestara suficiente atención a su contenido y que aspectos importantes comenzaron a trascender cuando el proceso se acercaba a su etapa final. A su juicio, esa experiencia evidencia la necesidad de una mayor socialización entre el Congreso Nacional y la sociedad sobre proyectos de especial trascendencia.
“Esto lo estamos haciendo a tiempo”, resaltó Fernández al valorar las exposiciones. Explicó que el debate permitió identificar fortalezas que pueden ser rescatadas y debilidades estructurales que deben ser corregidas. Sostuvo que existe consenso sobre la necesidad de una reforma policial, pero que la discusión debe centrarse en qué tipo de reforma necesita el país y en qué medida contribuirá a mejorar la prevención de la criminalidad.
El conversatorio “Análisis de la Ley Orgánica de la Policía Nacional” reunió a legisladores, académicos, juristas, comunicadores, exjefes y ex altos oficiales de la Policía Nacional, entre otras personalidades, para examinar el proyecto desde sus dimensiones constitucional, legal, económica, estructura y mando policial, y su impacto sobre la seguridad ciudadana.
Fernández sostuvo que los proyectos discutidos en el Congreso tienden en ocasiones a no trascender suficientemente hacia la sociedad. También destacó que el objetivo de cualquier reforma debe ser garantizar una respuesta eficaz frente a la criminalidad y, especialmente, fortalecer la prevención, reconociendo al mismo tiempo los avances alcanzados por la Policía Nacional en investigación criminal.
Asimismo, al recoger uno de los temas surgidos durante el debate, consideró inconstitucional que la administración de fondos públicos de una institución estatal pueda quedar en manos de particulares. También valoró la discusión para diferenciar la investigación penal preparatoria, correspondiente al Ministerio Público, de la investigación criminal de los hechos atribuida a la Policía.
Observaciones constitucionales y legales
La directora del CESEDE, Josefina Reynoso, explicó al iniciar el encuentro que existe consenso sobre la necesidad de reformar la Policía Nacional, pero señaló que la pregunta fundamental es si el proyecto depositado en el Congreso satisface los estándares constitucionales, legales, técnicos e institucionales requeridos para una transformación de esa magnitud.
“La coyuntura no debe sustituir el análisis técnico”, planteó Reynoso, al señalar que una reforma legislativa debe evaluarse por la solidez jurídica, económica e institucional de su contenido.
El exjuez de la Suprema Corte de Justicia José Alberto Cruceta Almánzar presentó una amplia relación de contradicciones constitucionales, entre ellas disposiciones relativas al retiro de oficiales, debido proceso, tutela judicial efectiva, régimen disciplinario y la delegación mediante reglamentos de asuntos que deberían estar establecidos directamente en la ley.
Por su parte, la jurista Vanahí Bello Dotel identificó 33 defectos de técnica legislativa, incluyendo contradicciones internas, vacíos, redundancias y excesos de delegación reglamentaria.
“Lo que la Constitución reservó para una legislación no puede resolverse por la puerta de atrás mediante un reglamento”, advirtió Bello Dotel, quien consideró necesario corregir esas deficiencias antes de completar el proceso legislativo.
Investigación y unidad de mando
El exfiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero planteó avanzar hacia una policía técnica especializada en investigación bajo la dependencia funcional del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional concentraría mayores esfuerzos en prevención y patrullaje.
En una posición distinta, el teniente general retirado y exjefe de la Policía Bernardo Santana Páez defendió las facultades investigativas de la institución y consideró necesario diferenciar la investigación policial preliminar de la investigación penal preparatoria, esta última bajo responsabilidad del Ministerio Público.
El también exjefe policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín cuestionó la estructura de mando contemplada en el proyecto y advirtió que incorporar una dirección financiera encabezada por personal civil con capacidad decisoria podría generar centros de poder paralelos y afectar el principio de unidad de mando.
El análisis del CESEDE también advierte que el proyecto introduce estructuras que podrían fragmentar la cadena de mando y permite el ingreso de personal civil sin carrera policial a posiciones de alta jerarquía en áreas sensibles como la financiera-administrativa.
Experiencias internacionales
El profesor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, realizó un análisis comparado y reconoció la utilidad de estudiar experiencias internacionales, aunque planteó la necesidad de adaptarlas a la realidad dominicana y fortalecer aspectos como el control externo, la transparencia y la respuesta frente a nuevas modalidades de criminalidad.
Gamarra advirtió además sobre la necesidad de que la nueva legislación contemple mayores mecanismos de control y rendición de cuentas, así como previsiones frente a las nuevas amenazas que enfrenta la seguridad. En ese sentido, llamó la atención sobre los desafíos vinculados al crimen organizado, la seguridad en los puertos, los delitos digitales y la situación fronteriza, aspectos que consideró fundamentales para que la reforma responda a la realidad actual del país.
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